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DOCUMENTAL: LA MALDICIÓN DEL ORO INCA

The curse of Inca Gold  –“La maldición del oro inca”–  es un breve pero valioso documental producido por Front Line/World y grabado por el reportero del New York Times y profesor de periodismo de la Universidad de California, Lowell Bergman, en el 2005 que revela detalles importantes acerca de los orígenes fraudulentos de la historia “exitosa” de la Newmont Mining Corporation y la Sociedad Minera Yanacocha -la mina de oro más grande de América y probablemente del mundo- durante los años 90’s. El documental muestra como es que durante el régimen de Fujimori, el propio Vladimiro Montesinos jugaría el rol de “dirimente” para que la justicia peruana fallara a favor de la transnacional norteamericana y su ex representante Larry Kurlander, en la batalla que libraba con la francesa BRGM por la concesión de la propiedad de las acciones de la Minera, que como narra el documental, llegó a motivar incluso la intervención del propio presidente de Francia Jacques Chirac.  

El trabajo de Bergman, a propósito de las masivas protestas en el departamento de Cajamarca contra el proyecto Conga, aporta particularmente en la comprensión de los orígenes del poder económico y político de una de las transnacionales más poderosas en el Perú con un extenso historial de conflictividad con las comunidades y poblaciones locales, muchos de ellos relacionados con el nuevo planteamiento del problema de la tierra en el siglo XXI, que ahora más bien se hace extensivo al problema del agua y el de la contaminación ambiental. Efectivamente, el poder de la norteamericana Newmont en el Perú, y su socia, la Compañía de Minas Buenaventura de Roque Benavides, no hubiese sido posible si no se hubiese establecido sobre la base de una amplia cobertura de injerencia en algunas ramas fundamentales del  aparato del Estado y gracias a la actividad de los ejecutivos corporativos y los funcionarios del gobierno a través de sus lobbies y representantes.

Esta confabulación en las altas esferas del poder a su vez, va entretejiendo un círculo de influencia que se extiende a otros ámbitos como el económico, jurídico, político y legislativo con la designación de diversos funcionarios y profesionales que rotan periódicamente desde el sector privado hacia el sector estatal y viceversa introduciendo la misma línea política y administrativa funcional a la cúpula Corporación-Estado. Es lo que el investigador Francisco Durand desarrolla en su libro “El Perú fracturado: formalidad, informalidad y economía delictiva” (2007) como la captura del Estado por las Empresas Multinacionales (EMN) en órganos claves como el Ministerio de Economía (MEF) complementándose con “puertas giratorias” entre las corporaciones e instituciones del Estado responsables de la política económica (Como el IPE y el MEF) en donde sus miembros “entran y salen sean como ministros, viceministros o asesores”.

Este fenómeno que emergió durante la década de los 90’s, demuestra que si bien es cierto la dictadura política-administrativa fue ciertamente derribada en las calles con la protesta masiva de la población tras colapsar la descomposición del régimen por los altos niveles de corrupción o los crímenes de lesa humanidad; la dictadura Corporación-Estado como patrón de poder sobre las principales ramas de la economía y la política económica oficial (re-primarización de la industria e imposición de un modelo primario-exportador como palanca del crecimiento económico) en cambio se mantuvo casi intacta, logrando sobrevivir a todos los gobiernos de turno posteriores, adaptándose a cada ciclo político y convirtiéndose en la herencia fundamental del régimen fujimontesinista para las clases gobernantes.

Así, el patrón de relaciones de poder Corporación-Estado se nutría de una premisa básica: Estando el Estado “capturado” no habría porqué preocuparse de las protestas de “los de abajo” ya que la economía se encontraría desligada de los “ruidos políticos”. Y ésta fue precisamente la conducta de los gobernantes al profundizar durante los últimos quince años el patrón de relaciones de poder entre las transnacionales y el aparato del Estado. Sin embargo, este mecanismo también implicaría efectos contraproducentes: Mientras las relaciones “hacia arriba” se mantengan básicamente estables, las relaciones “hacia abajo” podrían transformarse en relaciones crecientemente inestables incrementándose el potencial del “riesgo país”, lo cuál ahora ha quedado rotundamente corroborado con la ebullición de los conflictos sociales y el desborde de las masas por la defensa de la tierra, el agua, los recursos naturales, el medio ambiente (que como señalamos más arriba son los nuevos elementos que se incorporan a lo que anteriormente constituía el plantemiento originario del problema de la tierra) poniendo en jaque a los proyectos de la gran minería como el de las minas Conga en Cajamarca; e incluso, cuestionando al propio modelo primario-exportador como palanca de la economía peruana.